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17 de noviembre de 2017 15:20

Denuncias por abuso contra menores se extienden a escuelas particulares y áreas rurales

El fiscal Miguel Vélez y la subsecretaria de Educación Erika Laines en Guayaquil tras las nuevas denuncias de abuso sexual en instituciones educativas. Foto: Mario Faustos / ÚN

El fiscal Miguel Vélez y la subsecretaria de Educación Erika Laines en Guayaquil tras las nuevas denuncias de abuso sexual en instituciones educativas. Foto: Mario Faustos / ÚN

Elena Paucar

No quería comer, estaba triste y a la vez huraño; no quería hablar con nadie. El repentino cambio de Jordy (nombre protegido) generó sospechas en su familia.

“Un día mi hijo llegó a la casa indicándome que le dolía su pene. Al revisarlo noté que lo tenía rojo, pero no me quiso decir quién lo había causado”, relata la madre del pequeño de 5 años en la denuncia que presentó ante la Fiscalía del Guayas.

El caso ocurrió en una escuela particular del norte de Guayaquil, en agosto pasado. Después de varias conversaciones, el pequeño confesó que la encargada de la limpieza de los baños abusaba de él.

Inicialmente, la madre pasó por alto los primeros signos. “Pero luego de unos días llegó con dolor en el ano. Al preguntarle qué le pasaba contestó que ‘ella le había dicho que no le diga a nadie’”, indicó en la denuncia.

Solo entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía General del Estado ha reportado 1 420 casos de delitos sexuales contra menores de edad. De ese total, 198 (el 14%) fueron en el ámbito educativo.

Desde inicios de octubre los casos fueron en aumento tras la denuncia de un grupo de padres en Guayaquil. Sus hijos, de entre 7 y 8 años de edad, habrían sufrido abusos por parte de cuatro docentes. Ocurría cuando iban al baño en el plantel donde estudiaban, una escuela pública del norte de la ciudad.

En esta semana los casos se extendieron al sistema particular. Ayer, jueves 16 de noviembre del 2017, la Fiscalía y la Policía especializada en menores (Dinapen), allanaron una unidad educativa privada del norte de la urbe para detener a un maestro que habría abusado de niños de entre 4 y 5 años.

La institución emitió un comunicado para informar que están investigando el caso. También anunció que hoy no habría clases en los salones de prekinder, kinder y preparatoria.

El ministro de Educación, Fander Falconí, solicitó a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura dar atención prioritaria a las denuncias de violencia sexual. Además pidió que se presenten de manera oportuna los dictámenes acusatorios.

Según datos del Consejo de la Judicatura, el 47 % de los casos de abuso sexual se ha judicializado. El resto se encuentra en indagación previa.

En un comunicado, el Ministerio de Educación indicó que todas las autoridades que conforman del sistema educativo están instruidas para prestar el apoyo necesario en las investigaciones. Pero hace algunos años atrás no fue así.

En marzo del 2015, los padres de un estudiante de un colegio público del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, denunciaron que el adolescente sufrió abuso sexual. El agresor habría sido un maestro.

La denuncia y el reporte de la indagación previa constan en la Fiscalía del cantón. El chico tenía solo 13 años cuando comenzó el abuso.

Los padres lo supieron años después, por los mensajes que guardaba en su celular. Ellos los descubrieron cuando pidieron ayuda a la Policía para trasladarlo a un centro de rehabilitación.

El adolescente tenía serios problemas de adicción. La madre cree que el maestro “posiblemente le facilitaba la droga”.

Sin embargo, la investigación fue archivada y el docente continuó en el colegio hasta convertirse en el rector encargado. Una maestra del establecimiento asegura que los padres desistieron del proceso porque el presunto agresor, supuestamente, acordó pagar el tratamiento de rehabilitación del joven.

Las autoridades zonales de Educación afirmaron que el plazo de encargo del rector implicado ya finalizó. Pero no confirmaron si se le abrió un sumario administrativo, si hubo una investigación y si continúa o no dando clases en otra institución.

En estos casos, la disposición del Ministerio es desvincular del sistema educativo a las personas que estén involucradas en delitos sexuales contra miembros de la comunidad educativa.

Ayer por la tarde, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, entregó a la Fiscalía 82 resoluciones administrativas de casos de delitos contra la integridad sexual. Todos fueron archivados desde el año 2015.